José Melchor Hernández Castilla: Secretario de la Asociación Wolfgang Köhler
El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (versión de 18 de febrero de 2013) trata de realizar distintos cambios a La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la cual con mejor o peor fortuna se asienta en definir las competencias de las administraciones locales.
En principio, y según el anteproyecto, se conservarían los siguientes servicios en todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Y, por último, en los que superan los 20.000 habitantes: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
Otra parte de esta futura ley nos indicaría el número máximo de personal eventual, el número máximo de concejales retribuidos con dedicación exclusiva y la cantidad máxima de salario de un alcalde. Los siguientes municipios del norte de Tenerife podrían tener 7 trabajadores eventuales, con 10 ó 11 concejales remunerados, y con un alcalde recibiendo 55.000 euros anuales: Icod de Los Vinos, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Tacoronte. Uno sólo, tendría 2 trabajadores eventuales, 5 concejales remunerados y un alcalde cobrando 45.000 euros anuales: Santa Úrsula. La ayoría de los otros ayuntamientos se significarían con 1 personal eventual, 3 concejales asalariados y un alcalde obteniendo 40.000 euros anuales: Buenavista, Los Silos, Garachico, La Guancha, San Juan de La Rambla, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo y El Sauzal. Y uno sólo, El Tanque, prescindiría del personal eventual, con 3 concejales pagaderos y un alcalde retribuido con 30.000 euros anuales.
Más allá de algún alcalde sobrevalorado, este nuevo anteproyecto realmente no afectaría económicamente mucho, a los municipios de más 20.000 habitantes, en el número de personal eventual, el número de concejales retribuidos y la cantidad percibida por el alcalde. En cambio, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, esta nueva ley sólo les traería los recortes que ya sufren los ciudadanos y que más de un concejal se fuera a engrosar las listas del desempleo, promocionadas, entre otras causas, por la nueva ley de la reforma laboral.