Periódico digital del Norte de Tenerife
Fidela Velázquez manifiesta que “la obstaculización de los procedimientos democráticos del nuevo grupo de gobierno han de tener una clara respuesta de quienes tienen que amparar la legalidad de los procedimientos municipales, y para ello pediremos al Secretario de la Corporación que informe por escrito, así como a la Consejería de Presidencia y a la Subdelegación de Gobierno sobre una nueva vulneración de los derechos fundamentales de quien cobra por defenderlos”, y añade “ningún decreto puede suspender lo que el Pleno, en el ejercicio indelegable de sus competencias, ha aprobado, y esto no son palabras vacías sino que viene avalado por sentencias del Tribunal Supremo que así lo establecen y aclaran”. La dirigente socialista enuncia algunas de esas sentencias y dice que “la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1987 reconoce a los concejales su derecho a que sea convocada la preceptiva sesión ordinaria de acuerdo a lo previamente establecido por acuerdo corporativo, con independencia de que haya asuntos a tratar o de que se haya celebrado previamente una sesión extraordinaria, justamente porque el Pleno ha de celebrarse, como mínimo, para que los concejales ejerzan su función de control en el apartado de ruegos y preguntas”, y añade: “con más motivo en el caso que nos ocupa, por cuanto había asuntos a tratar proporcionados por el Grupo Socialista y, además, la cusa esgrimida es tan peregrina y tan ofensiva a los ciudadanos como la de vacaciones del interventor, cuando no existían necesariamente asuntos económicos a tratar, y por lo tanto, no era necesaria la presencia del interventor o, en su caso, el propio Secretario puede ejercer esa función en el Pleno; en todo caso, lo que sí parece que es la razón es que el propio alcalde se ha cogido esta semana de vacaciones, eso sí, sin decreto que lo avale nuevamente, por lo que en este momento se produce una parálisis de una administración en estado catatónico y de paro de actividad política” Velázquez afirma que la suspensión es una nueva muestra del grado de inacción de un grupo “que no genera asunto alguno a tratar por el pleno a lo largo de los dos meses precedentes”, y añade que “el oscurantismo y la opacidad vuelve a primar en un grupo que no quiere dar cuentas a nadie de su acción y que llega a no responder ni siquiera por teléfono a los requerimientos del resto de la corporación y de la ciudadanía, con un no sabe, no contesta que burla los derechos ciudadanos que deben ser garantizados no sólo por la ley sino por el trabajo de quienes cobran abundantes sueldos para hacerlo” 
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