IUC EXIGE A AQUALIA

Jonás González González, coordinador y concejal de IUC en Puerto de  la Cruz

IUC exige a Aqualia que solucione de una vez la incidencia que ha provocado las restricciones

La formación de izquierdas es partidaria de que el Ayuntamiento rescate el servicio de abastecimiento de agua potable

Izquierda Unida Canaria (IUC) del Puerto de la Cruz exige a la empresa Aqualia, concesionaria del servicio público de abastecimiento de agua potable en el municipio, que solucione de una vez la incidencia que ha dejado sin poder beber agua del grifo a lo largo de los últimos doce días a la población de Las Arenas, San Antonio, el Taoro y Las Dehesas. Asimismo, la formación de izquierdas acusa a la compañía de no proporcionar a los vecinos información precisa sobre el problema que ha provocado la restricción y pone como ejemplo el hecho de que su sitio web ni siquiera mencione lo sucedido. De igual forma, critica que los afectados tengan que llamar a un número 902, con un coste mayor que una llamada local, para obtener detalles sobre el incidente.

El concejal de IUC, Jonás González, considera que la empresa concesionaria no ha reaccionado con la celeridad y eficacia que la situación requiere, como lo demuestra que haya tardado once días en poner cubas de agua potable a disposición de la población de los barrios afectados. A su juicio, este tipo de actuaciones no se corresponden con la tarifa mensual que abonan los portuenses, que, además, se ha visto incrementada considerablemente en los últimos meses.

Para González, existen motivos más que suficientes para que el Ayuntamiento se plantee seriamente el rescate de la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable, algo que su formación apoyaría decididamente, al entender que la gestión de los servicios básicos debe estar en manos públicas para garantizar que se protejan los intereses generales y no los intereses particulares de una empresa.

Para finalizar, González también exige al grupo de gobierno que proporcione más información en las zonas afectadas con la realización de asambleas vecinales en los barrios afectados y que medie con la empresa concesionaria para que se le descuente de la factura el gasto que han tenido los vecinos por comprar el agua embotellada.