Jonás González González, coordinador y concejal de IUC en Puerto de la Cruz
La formación considera que la reciente huelga ha demostrado que la mayoría de los portuenses la rechaza
Izquierda Unida Canaria (IUC) del Puerto de la Cruz planteará en el próximo pleno de la corporación municipal que se exija al Gobierno central la retirada inmediata de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), más conocida como ley Wert, por ser una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
Según la formación de izquierdas, la nueva ley no sirve para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y por consolidar dos redes de centros educativos financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: por un lado, los centros públicos como red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y, por otro, los centros privados concertados, con capacidad para seleccionar a su alumnado.
IUC denuncia que la reforma recupera itinerarios segregadores desde los trece años, devalúa la FP y convierte la educación en carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes, al mismo tiempo que suprime competencias de la comunidad educativa en la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración.
De igual forma, rechaza su enfoque mercantilista, que supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las necesidades de los mercados a la formación integral, suprimiendo materias y contenidos considerados poco útiles para el mercado.
El concejal y cooordinador local de Izquierda Unida, Jonás González, sostiene que el notable seguimiento de la reciente huelga del sector educativo en el Puerto de la Cruz deja claro que la condena a la política de recortes en educación no es sólo de quienes votaron a su formación política, sino que es compartida por una enorme cantidad de ciudadanos, muchos de ellos votantes de los demás partidos que conforman la corporación municipal. Por ello, entiende que es necesario un acuerdo plenario que exija un cambio de rumbo en el conjunto de políticas educativas del Gobierno del Estado, pues esa es la voluntad de la gran mayoría de la ciudadanía portuense.
La propuesta planteada por IUC, además de pedir la retirada de la LOMCE, exige al Gobierno central debatir y alcanzar un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real del sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas que aporten su formación en la construcción de un mundo más justo y mejor.
Asimismo, exige que los gobiernos central y autonómico, en lugar de recortar en educación, diseñen un rescate a la educación similar al que se ha destinado a los bancos.
En este sentido, la formación de izquierdas recuerda que el Gobierno del PP ha recortado ya 5.212 millones de euros en Educación, y se ha comprometido a seguir recortando hasta que el gasto educativo alcance el 3,9%, lo que supondrá volver a los años ochenta, situándonos a la cola de la OCDE y la UE.
Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).
En contraposición, Izquierda Unida plantea una educación con financiación pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria. Del mismo modo, defiende una educación verdaderamente pública, que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, y laica, de forma que se respete la libertad de conciencia y se elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar, lo que conlleva sacar ya la religión del horario lectivo.