LA ACTUAL UNIÓN EUROPEA

ARTÍCULO OPINIÓN. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁDEZ

POLÍTICA LOCAL Y PROGRESITA EN LA ACTUAL UNIÓN EUROPEA.

Durante los días 8 y 9 de febrero, tuve la ocasión y el honor de representar a Canarias en el  Encuentro que organiza en Bruselas REALPE, la Red de Cargos Electos Locales Progresistas. Se trata de unas jornadas de trabajo de concejales representantes de los países de la Unión Europea (en adelante UE), organizada por el Grupo Parlamentario Europeo GUE-NLE (Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica) y con el objetivo de compartir los diferentes problemas, experiencias, alternativas y soluciones que, desde el ámbito local, se están implementando para hacer frente a las nefastas consecuencias de las actuales políticas neoliberales.

Los municipios como entes locales de administración y proximidad a los ciudadanos están en peligro. Sin duda, están en el punto de mira de las políticas neoliberales. Antes de la actual situación de crisis económica, la financiación no llegaba a alcanzar el triple 33%, es decir: 33% de recursos para la administración central, 33% para la autonómica y 33% para la local. Con la situación actual, esta cuestión ha empeorado bastante, convirtiéndose los Ayuntamientos en las cenicientas de las administraciones públicas, faltos de recursos por un lado, pero teniendo que atender a sus competencias y teniendo que “dar la cara” ante el ciudadano debido a su proximidad. Aun así, dentro del marco de la UE, existen diferencias entre cada uno de los países, estando siempre España en general, y Canarias en particular, en el lado negativo de la balanza.

Se ha instaurado en los medios de comunicación y en las corrientes de opinión la idea general de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es una verdad a medias. En realidad, algunos han vivido por encima de sus posibilidades, unos pocos que se han aprovechado del trabajo de toda la sociedad para controlar la economía y sus ingresos a través de un sistema capitalista perverso. El problema es que estos pocos quieren continuar viviendo por encima de sus posibilidades. Y como esto es imposible con las condiciones actuales, lo que pretenden es modificar los derechos sociales y laborales que tanto han costado conseguir, eliminar el déficit de las administraciones para que éstas se centren en pagar la deuda a los banqueros, y controlar las instituciones políticas a través de una tecnocracia que se arrodilla ante los mercados. Decía hace unas semanas el señor Emilio Botín, que “la culpa de todo es de los políticos”, excusando de una manera burda y lamentable las responsabilidades de los grandes grupos empresariales y de la banca en la actual crisis económica, así como de paso, creando el germen necesario para sustituir a las marionetas políticas que hasta ahora han gobernado a su servicio, directamente por tecnócratas de la banca y la derecha neoliberal, personas como Monti (Italia) o Papademos (Grecia) que no son más que empleados al servicio de los mercados que gobiernan sin haber sido elegidos por el pueblo. Durante los primeros años de este siglo, en España construíamos más casas que en toda Francia, Inglaterra y Alemania juntas. Digo yo, que el Señor Botín, sus colegas de la banca y los grandes grupos empresariales inmobiliarios, alguna culpa sí que habrán tenido.

Una oleada de privatizaciones de servicios públicos asola la UE. En Canarias hemos sido pioneros en estas políticas neoliberales. El agua que cae del cielo es de todos, es pública y no tiene dueño. Sin embargo, una vez se infiltra en la tierra pasa a manos privadas, extrayéndose  a través de redes de galerías para venderla posteriormente a los Ayuntamientos a través de empresas de comercialización que hacen un negocio redondo. Luego, los Ayuntamientos la distribuyen entre la población. En definitiva, la realidad es que se está haciendo un negocio con un bien tan indispensable como el agua. La OMS considera que una persona necesita unos 15 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas, de higiene y salud. ¿No sería justo pensar que las administraciones públicas deberían garantizar gratuitamente esas cantidades? De momento no, pues el agua es un negocio. Durante este invierno los muertos a causa de la ola de frío en Europa se cuentan por centenares. En su mayoría, se trata de personas mayores y en riesgo de exclusión social que tienen un denominador común: No pueden pagar la factura de la luz. ¿No sería justo pensar que las administraciones públicas deberían garantizar un mínimo de consumo que permitiera a estas personas gratuitamente mantener la calefacción para no morir de frío? De momento no, pues la energía también es un negocio. Decía Jack London, hace ya muchos años, que si  el capitalismo pudiera, nos vendería hasta el aire que respiramos. Por desgracia, su predicción no está lejos de la realidad.

En definitiva, las actuales políticas de la derecha neoliberal pretenden desmantelar a los entes locales. Su objetivo es convertir los Ayuntamientos en simples distribuidores de beneficencia y en una especie de Consejos de Administración Privados, quitando cada vez más competencias a los entes locales, minimizando la financiación de los mismos y privatizando los servicios básicos que se prestan al ciudadano, sustituyendo de esta manera el poder de los entes locales por el poder económico y financiero. No debemos entrar en el debate de si los servicios públicos son más caros o más baratos, independientemente, de que en la mayoría de los casos, se demuestra que lo público es más barato y eficiente. Simplemente, los servicios públicos son redistribuidores de la riqueza y garantes del bienestar social, generan empleo de calidad y sirven directamente al interés general. Esto, evidentemente no sucede cuando existe el interés del beneficio económico por parte de una empresa privada. Bienes tan básicos como el agua o la electricidad no deberían ser objeto de beneficio económico, y si lo obtuvieran, este beneficio deberían ser invertidos en mejorar la prestación de los servicios en busca del interés general, nunca en engordar las cuentas privadas de unos pocos privilegiados. Hacer negocio con el agua y la luz es inhumano. Pero no solo los servicios básicos deben de ser públicos. Necesitamos una banca pública que pueda realizar préstamos libres de interés a las instituciones públicas y organizaciones sociales, para el desarrollo de proyectos de calado social, de creación de empleo y de protección del medioambiente. Una banca que no cobre intereses en busca de maximizar cuentas de beneficio, sino que tenga como objetivo el interés social. Es necesario poner en su sitio a las perversas instituciones de la banca europea  que tienen secuestrado al Banco Central Europeo en pos de sus intereses.

Desde las fuerzas progresistas y de izquierdas tenemos que hacer una labor de oposición continua a las políticas de privatización de servicios públicos, así como mantener la necesidad de que las administraciones públicas puedan tener déficit, controlado, eso sí, pero que permita gestionar los servicios y atender a las necesidades de los ciudadanos.  No en vano, parte importante de las reivindicaciones del movimiento de los indignados nos han dado la razón y han venido a reclamar este tipo de cuestiones. Es necesario que desde la izquierda mantengamos un intercambio continuo de información y de propuestas, y sobre todo, que mantengamos una unidad que en muchos momentos no hemos sabido mantener. Necesitamos informar a los ciudadanos de manera veraz, contrarrestando la información sesgada que dan los medios de comunicación pertenecientes a los grandes grupos empresariales. Debemos entender que nos encontramos no solo ante una crisis económica, sino ante una crisis ideológica. Es necesario que la izquierda recupere sus valores y la cercanía con el ciudadano. Los Concejales progresistas tenemos la responsabilidad de estar cerca del pueblo, de hacerles llegar la realidad, que no es otra que la paulatina sustitución de la democracia por el régimen dictatorial que marcan los mercados.

Jonás Hernández Hernández. Es Concejal de IUC en el Ayuntamiento de Los Realejos.