Salvador García Llanos
‘Vecinos por el Puerto’, con dos concejales en el consistorio portuense, ha venido a refrescar un hecho en el que personalmente insistimos desde la constitución de la actual corporación municipal: la ausencia de documento escrito que sustente la alianza entre Coalición Canaria y Partido Popular para compartir el gobierno municipal. Hay un acuerdo, verbal no más, plasmado en el reparto de áreas, competencias y delegaciones. Pero no está documentado: ni eso ni el alcance ni las condiciones ni el programa de gobernabilidad que es lo que ahora demandan los dos ediles de ‘Vecinos’, en un ejercicio natural y necesario de lo que debe ser transparencia política. Los portuenses tienen derecho a conocerlo porque es natural que quieran saber cómo van a ser -cómo están siendo, mejor dicho- gobernados.
Lo dijimos y lo hemos reiterado desde junio del pasado año: lo normal, en democracia, es que cuando dos opciones políticas están predispuestas a entenderse para afrontar la gobernabilidad, estudien, debatan y reflejen por escrito sus intenciones. Es bueno para ellas, es indispensable para el pueblo. Esas intenciones hay que conocerlas para someterlas luego al tamiz del seguimiento y los cumplimientos, de los desvíos y de los costes. A estas alturas de la democracia, parece elemental y obvio. Menos en el Puerto de la Cruz, por lo que se ve, en este caso, por lo que no se ve.
Señalarán que es un pacto de caballeros o que se confía recíprocamente en las palabras de las personas, como si fuera un retorno al pasado o no se supiera que en la política de nuestros días esos valores están más que cuestionados o que los celos y recelos son una fuente de discordia cuyas emanaciones se contienen y controlan por múltiples razones. La caballerosidad se demuestra con la firma de un documento que explicite las razones y los objetivos de la alianza. Y la rúbrica, con luz y taquígrafos. Lo ideal sería luego dar cuenta periódicamente de cómo se van desarrollando los planteamientos. Pero eso es mucho pedir, una auténtica utopía, entre quienes no han sido capaces de redactar siquiera una declaración de intenciones.
Así se funciona en democracia, a menos que se quiera dejar abiertas las puertas a una autocracia pedestre, situación que ya se ha vivido en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con resultados evidentemente nefastos para quienes la practican, para la institución y para el propio pueblo.
Cuando comentamos la perplejidad que producía este hecho en un par de comparecencias televisivas, les costaba a muchos ciudadanos creer la inexistencia de ese ‘basamento democrático’ para funcionar. Ocho meses después, ‘Vecinos por el Puerto’ -con un ejercicio de oposición muy digno y ponderable- reivindica la información sobre el pacto de gobierno porque, en efecto, los portuenses tienen derecho a saber en qué condiciones o con qué objetivos están siendo gobernados. Es lo menos que se puede pedir.
Pero, seamos realistas: documento, como tal, no hay. Y elaborarlo ahora y darlo a conocer ahora sólo revelaría la incapacidad de los grupos gobernantes.
Se evitarían, eso sí, consignar nada, por ejemplo, respecto al incremento de tasas y tributos, ya consumado.
Pero estos mínimos de seriedad y rigor -insistimos: elementales en una democracia moderna- parecen chocar con la voluntad de los gobernantes que parecen preferir el estilo compadre, encomendándose, claro, a la desmemoria, a la pasividad, a la abulia, a la resignación y al pasotismo. Quizá porque eso era lo que propiciaban con esos vacíos programáticos: una población anestesiada e indolente.
Al menos, en este caso, la iniciativa de ‘Vecinos’ permite rescatar ciertos principios.
